Alquiler turístico, o cómo colaborar en la propia explotación

El alquiler turístico de viviendas ya no es un concepto desconocido para nadie. En capitales como Barcelona o la ciudad de Mallorca es un debate especialmente vivo, pero la polémica en torno a la naturaleza y las consecuencias de esta nueva actividad económica ha marcado la agenda social y política de toda la costa mediterránea durante este verano. Como habitantes de nuestras ciudades y pueblos hemos podido experimentar el efecto de una práctica económica que, transformando como entendíamos el turismo, se fundamenta en la lógica de la gentrificación, conocida en el ámbito académico como «diferencial de renta»: una ganancia que se construye sustituyendo la población de determinados barrios (rentas capitalizadas) por otra con más recursos económicos (rentas potenciales). Un patrón que se repite en todas partes del territorio y del que las Islas Baleares y Pitiusas se han convertido en uno de sus mejores laboratorios.

Derecho de la vivienda versus negocio

Dos principios generales rigen todo este entramado: el papel otorgado al Mediterráneo en la división del trabajo del espacio europeo (básicamente turismo e inversión inmobiliaria), y la defensa incontestable de la propiedad privada y su libre uso comercial por encima de cualquier necesidad social. Las Baleares y Pitiusas no son una excepción. La modificación parlamentaria de la Ley de Turismo autonómica ha estado sujeta a un tira y afloja entre partidos de izquierda con intereses tan diversos respecto al derecho del uso de la propiedad y al derecho del acceso a la vivienda que se ha acabado con un decreto ley in extremis. Sin embargo, su resultado será desigual, dado que se zonifica la aplicación derivando la responsabilidad (y posibles clientelismos) a los consejos insulares y los municipios.

Preocupa también especialmente que se haya priorizado la modificación de la Ley de Turismo a la nueva Ley de Vivienda que se empezará a concretar ahora. Independientemente de la rocambolesca especificidad de cómo se ha tramitado la ley, el Gobierno Balear ha seguido el guión estipulado desde la Unión Europea (UE), dado que se han primado los derechos individuales y comerciales antes mencionados y se ha situado el derecho de la vivienda en un libre mercado imposible, donde los salarios bajan casi a la misma velocidad que sube el precio del metro cuadrado. Porque, en definitiva, es la UE que ha alentado el alquiler turístico a través de una serie de recomendaciones neoliberalitzadoras a ultranza bajo un nombre tan mal elegido como es el de «economía colaborativa».

Con la excusa del desarrollo tecnológico, a primera vista, este eufemismo -realmente contradictorio- parece conectar, como buenamente puede, individuos que venden y compran bienes y servicios. Pero una mirada serena a la letra y las prácticas de esta política demuestra que es, realmente, una estrategia para conseguir más beneficio por encima de derechos fundamentales (aunque sólo sea declarativamente) y de obstáculos legales, a menudo resultado de conquistas sociales y laborales de luchas obreras y vecinales no tan lejanas. A la postre, no es eso lo que se salta este nuevo capitalismo de plataforma? Los comercializadores digitales lo saben bien y han jugado con fuerza con su lenguaje legalista. También lo sabe la patronal.

Regular para no prohibir

Sorprende como las multipropietarias del alquiler turístico, aunque ilegal en plurifamiliares, se han organizado en tan poco tiempo bajo la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler de Temporada de Baleares, y de una manera tan efectiva que han redirigido hacia sus intereses la redacción de la ley. De hecho, han conseguido que pensemos que «regular» signifique «legalizar», pero no «prohibir». Así, defienden fórmulas netamente neoliberales, como la naturalización e imposición de la libertad de usos de la propiedad privada, la supuesta democratización del alojamiento turístico y la redistribución de las ganancias en la forma de goteo económico. La misma Federación Empresarial Hotelera de Mallorca ha amenazado que, si estas son las nuevas reglas del juego, se apuntarán.

Pero esta coincidencia es un mero espejismo. En realidad, la amenaza hotelera es doble: importante hacia los «competidores» del alquiler turístico; esencial y central en la organización del mismo sector. Y preocupa. Después de todo, además de la clara apuesta por una profesionalización del alquiler turístico, que ya existe y que va en alza, se añade el aumento de la precariedad laboral. Si las condiciones de trabajo ya son inquietantes en los hoteles -pensemos en el caso de las kellys-, como no lo serán en un entorno laboral geográficamente esparcido que forzosamente debilitará aún más la capacidad negociadora del trabajo y tenderá a reducir los salarios, cuando no imponer la dependencia de un trabajo crecientemente irregular?

De hecho, es difícil imaginar cómo puede haber contratos de trabajo legales en espacios que ahora mismo tienen un uso ilegal en las Baleares y Pitiusas. Cabe decir que, si bien la cuestión laboral está presente en la crítica al alquiler turístico, aún no ha tenido tiempo de arraigar en la conciencia colectiva. Tampoco ha sido el objeto central de los movimientos que se han enfrentado al fenómeno, la mayoría de los que se han dedicado a denunciar impactos ambientales y injusticias urbanas, tales como Tot Inclòs, Terraferida, el Grup d’Ornitologia Balear i Defensa de la Naturalesa, la Federació d’Associacions de Veïns de Palma y Ciutat per a qui l’habita i no per a qui la visita.

Gentrificación sui generis, precarización asegurada

Impacto ambiental aparte, esta mezcla de usos residenciales y turísticos conlleva, además, un conjunto de problemas relacionados con la convivencia (ruido, suciedad, etc.), la transformación comercial (cierre de negocios de proximidad de toda la vida y apertura de establecimientos de consumo turístico) y la ocupación desmedida de plazas y calles para establecimientos de restauración. A esscondidas pero con aún más crudeza, el alquiler turístico exacerba el problema del acceso a viviendas asequibles, porque reduce el stock residencial y sube el precio de los alquileres, lo que, a su vez, aumenta la demanda para propiedades como objeto de inversión en los segmentos más altos del mercado. A la larga, las residentes, ya sean arrendatarias o propietarias, son desplazadas.

¿Podemos hablar, pues, de gentrificación respecto de esta turistización? Pensamos que, si bien sí que encontramos unos diferenciales de renta cada vez más amplios entre el valor capitalizado y el valor potencial del suelo, no se da una sustitución de población, como en los casos de gentrificación al uso, dado que los turistas no se quedan. Lo que sí encontramos, con todo, son al menos cuatro frentes de clase que ocurren a la vez: una multipropiedad que en general dificulta el alquiler residencial; una pequeña multipropiedad que da paso a la profesionalización del sector del alquiler turístico, así como a la acumulación por parte de fondos de inversión; una patronal múltiple que precariza el trabajo al mismo tiempo que precariza el habitar de este trabajo; y, finalmente, un turismo que ya no será de clase turista.

Sorprende como las autoridades, las de más acá y de más allá, han pretendido salir de la crisis que causó la burbuja hipotecaria vía la burbuja del alquiler turístico. Pero no nos engañemos. Esta insistencia en la extracción de renta de la propiedad, y en su mercantilización, consolida la producción capitalista de la vivienda a la vez que le otorga un lugar central en la misma lucha de clase. La vivienda, recordémoslo, es una necesidad. Sorprende más aún constatar que, para conseguir su fin, al capital rentista necesita el colaboracionismo incondicional de muchas pequeñas propietarias y de trabajadoras, a quienes no les queda otra opción, y las hunde todas a la vez en una doble espiral precios-salarios de imposible salida.

 

Marc Morell, publicado en la Jornada (08/2017)

Fotografia: (por el momento desconocido/da)

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