La Costa Brava o el imperativo del ladrillo

El origen del nombre Costa Brava -se ha explicado ya muchas veces- data de 1908, cuando Ferran Agulló (1863-1933), periodista y político vinculado al movimiento conservador de la Renaixença, publicó el texto Per la Costa Brava a La Veu de Catalunya, un particular homenaje al paisaje y la fisonomía del tramo que se extiende entre Blanes y Banyuls. El éxito del escrito fue aprovechado de inmediato; sus imágenes emotivas fueron utilizadas para dar cuerpo y simbología a un territorio que hasta entonces no era pensado como unidad. Y es que aquello que hoy conocemos como Costa Brava no es el resultado de una geografía, una historia o un entorno natural común, sino el de un proceso de marcaje turístico. La Costa Brava nace como un producto de marketing turístico.

Tras unos años de rodaje, en la década de los 30 esta denominación toma ya un significado bastante reconocido. La Costa Brava empieza a tener lugar en los mapas, en las guías y los anuncios de los periódicos a través de las estampas pintorescas de unos pueblos todavía de espaldas a las formas de hacer de las ciudades. Estas tierras idílicas llaman la atención de los constructores y las alarmas saltan a la administración pública. Es el caso de la Consejería de Obras Públicas de la Generalitat republicana, la cual celebra en 1935 la «Conferencia de la Costa Brava«, un evento clave en la gestación del futuro Patronato de la Costa Brava. Uno de los objetivos de este organismo es evitar que «el derecho de la propiedad privada llegue a anular el disfrute público de la Costa Brava y afear su magnífico aspecto natural«.

Pero el escenario político y económico de los próximos años resultan fatales para este propósito. A finales de los años 50, la dictadura fascista entrega la Costa Brava (y no sólo ésta) a las touroperadoras europeas, que verterán grandes cantidades de capital para levantar la planta hotelera necesaria en la resortización del territorio. Al amparo de la Ley del Suelo de 1956, el inicio del boom turístico se celebra como si se tratara de una interminable fiesta de la espuma, sólo que, en vez de agua y jabón, los cañones escupirán cemento.

La década del sesenta da a la Costa Brava la unidad funcional que hasta entonces no tenía. Así lo expresó también la geógrafa francesa Yvette Barbaza, autora en 1966 de Le paysage humain de la Costa Brava, una tesis monumental fruto de 10 años de investigación que fijará las bases del estudio de la Costa Brava y será desde entonces una referencia obligada. Barbaza es testigo directo del antes y el después, y no dudará en situar este despliegue turístico e inmobiliario como el factor de ruptura que pone en crisis la continuidad de los equilibrios anteriores, «fueran físicos, biológicos o humanos«.

Las urbanizaciones comienzan a expandirse por las montañas y cordilleras de La Selva, el Gironès y los dos empordans. Una parte importante son ilegales; no tienen permisos de obra ni licencia de ningún tipo. En otros casos se venden parcelas vacías bajo la promesa de una futura urbanización. Nunca llega. Las empresas constructoras se deshacen en cuanto está la venta finalizada. Para resolver estos «pequeños desajustes», durante los siguientes años y hasta finales de los 80, los ayuntamientos irán adaptando los PGOU y resolviendo vía Plan Parciales su legalización y adecuación. Lloret de Mar realiza 48 planes parciales entre 1957 y 1974 y lidera el ranking de la comarca de Girona. Nada puede poner en cuestión el mito de la gallina de los huevos de oro:

Lloret de Mar es la mejor demostración del progreso cultural y económico. En 1964 había 10 hoteles, para 1984 hay 280 hoteles y la gran mayoría de los habitantes son dueños y empresarios, o sea dejaron de ser pobres (Josep Maria Clua, empresari hoteler i alcalde de Lloret de Mar entre 1964 i 1976)

El expolio de tierras tiene lugar con total impunidad y con el beneplácito de la administración pública, primero franquista y después democrática. El éxito de los ingresos por turismo se fundamenta básicamente en la venta del litoral.

Entrada la década de los setenta, la situación no ha hecho más que empeorar y la cuestión territorial entra con fuerza en la agenda pública. En 1976 tiene lugar el Debat Costa Brava, el primer gran encuentro entre profesionales del sector, académico, movimientos sociales y representantes de la administración pública. El objetivo acordado durante esos días es «Hacerse eco de la inquietud popular ante los problemas actuales de la Costa Brava; analizar la insatisfacción colectiva respecto a su estado actual, estudiando las causas y procesos que han conducido a esta situación; recoger todo tipo de aportaciones que puedan servir de base para un desarrollo más racional y humano de la Costa Brava en el marco de las comarcas de Girona». La negativa a asistir de la patronal hotelera y la entonces Comisión de Información, Turismo y Educación (CITE), ya es una toda una declaración de intenciones. El economista y profesor de la UAB, Joan Cals, fue el encargado de decir unas palabras finales en la clausura del Debate que no dejan margen a la interpretación:

Hay un hecho altamente significativo, y es la ausencia casi general en el Debate -con excepciones que hay que salvar y agradecer- de las personas que se llaman autoridades sin serlo, pues todos sabemos que el contenido de la autoridad es esencialmente moral. Visto el alcance de la corrupción administrativa y política, visto su servilismo al caciquismo y las alianzas con los responsables de la derrota de la Costa Brava, vistos su desprecio por la justicia, su insensibilidad a la belleza y su ineptitud, nos han hecho un favor al no venir.

En diciembre de 1991 tiene lugar en Lloret de Mar el simposio «El paisaje de la Costa Brava». Es una nueva oportunidad para escuchar a Ivette Barbaza 25 años después de la publicación de su famoso trabajo. Su postura no ha cambiado y el tiempo le ha ido dando la razón. Barbaza propone iniciar una política de crecimiento cero como única vía para salvar el litoral. «El paisaje no es sólo físico, sino humano y socio-cultural. Demasiado turismo desestructura la sociedad local y tiene un impacto muy grave «, concluye. Pero su voz no es bien recibida por las autoridades locales del momento. Josep Sala, entonces el alcalde socialista de la población Selva (en aquellos momentos enfrascado en el proyecto urbanístico de la Marina de Fenals) defiende una política urbanizadora continuista; el sector empresarial alerta de que una medida decrecentista supondría el estancamiento de la actividad económica en los pueblos del litoral. Cuando llega el turno de Lluís Motjé, representante de la asociación Naturalistes de Girona, no duda en apuntar hacia los intereses de las promociones urbanísticas y la política de financiación municipal como causas fundamentales de la explotación abrasiva de la costa. Pero no hay nada que hacer; a pesar de las voces que alertan de su destrucción irreversible, las distancias son insalvables y los intereses de la industria inmobiliaria y turística continuarán marcando la dirección de la política pública.

Hacia el final de la década de los 90 y una vez agotado el instrumento de los Planes Parciales, llega una nueva Ley del Suelo. La liberalización de grandes cantidades de suelo y su inmediata privatización, se recibe como un golpe durísimo. Como consecuencia de esta nueva ofensiva, al inicio del nuevo siglo hay una rearticulación de los movimientos ecologista y de defensa del territorio. Salvem l’Empordà y SOS Lloret, son dos de las organizaciones más activas y combativas. Son años de movilización social y procesos judiciales que dan algunas victorias pero no evitan importantes derrotas. No resulta fácil; delante de ellos están unidos el capital inmobiliario y unos Ayuntamientos fuertemente anclados en el paradigma del growth machine. El agotamiento llega y la necesidad de rearticular la resistencia también.

Tras la caída económica iniciada en 2008, el interés especulativo ha vuelto con fuerza para seguir marcando la agenda urbana de estos municipios. El Golfet (Palafrugell), Cala Morisca (Tossa), Sa Riera (Begur), Sa Guarda (Cadaqués), Pineda de Gori (Palamós)… son sólo algunos de los lugares donde se proyecta la construcción de 10.000 viviendas, 5 hoteles de lujo, 1 camping, 1 campo de golf y varias estructuras portuarias. Enfrente, sin embargo, se encuentra un renovado movimiento de colectivos que se niegan a someterse a su lógica. Esta vez, son más de una veintena y de sur a norte. SOS Costa Brava es el enésimo caballo de Troya para hacer frente al imperativo del ladrillo.

Infografía de SOS Costa Brava

Cerramos. Resulta complicado analizar la historia reciente de la urbanización de Catalunya y España sin mencionar la centralidad que ocupa la corrupción y la impunidad. La Costa Brava es un ejemplo y no es casual que uno de los escenarios de la disputa sean siempre los juzgados. Es posible que ahora y durante los próximos años, se vayan sucediendo resoluciones judiciales en uno y otro sentido; incluso caerán algunas condenas. Posiblemente habrá revuelo y algún alcalde se pondrá nervioso por miedo a no ser reelegido. Habrá que ver si los proyectos inmobiliarios siguen adelante, cómo lo hacen y qué papel juega la administración local y la Generalitat. Habrá que ver donde se sitúa cada uno. Será un buen momento para ver cómo se gobierna este nuevo expolio y que entienden unos y otros por soberanía.

Si la Costa Brava fue gestada como una zona franca para el desarrollo del turismo, tal vez ha llegado ahora el momento de reivindicarla también como territorio en términos antropológicos y políticos. Antropológicos en tanto que está dotada de sentidos y significados sociales y culturales fundamentales para sus habitantes. Supondría ampliar su existencia más allá de la de un contenedor de inversiones inmobiliarias, reconociendo el derecho colectivo a producir un espacio también colectivo y no supeditado al mercado. Y políticos en tanto que 80 años después, aquella marca turística es hoy un área urbana de gran tamaño -24 municipios que aglutinan cerca de 250.000 habitantes a lo largo de 215 km- que no tiene, pero, espacios abiertos de participación política. Ante la imposibilidad de que los habitantes de la Costa Brava decidan sobre la Costa Brava, hay que preguntarse: ¿quién gobierna la Costa Brava? ¿con qué autoridad y representatividad lo hace?

Parece evidente que la Costa Brava de Ferran Agulló no es la Costa Brava de Ivette Barbaza; habrá que ver cuál de las dos rige, si la del resort turístico o la del paisaje humano, si la del suelo y las parcelas o la del territorio social.

Sergi Yanes

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